Los Compromisos del Gobierno de Ollanta Humala
“La corrupción se ha convertido en parte del sistema político y de gobierno. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función de los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Con este ejercicio corrupto de la función de gobierno se asegura la reproducción de sus intereses, y se perpetúan la desigualdad y la exclusión” (La Gran Transformación – Plan de Gobierno de Gana Perú – 2011-2016)
Agitando la honestidad política como un elemento fundamental que diferenciaba la conducta de Ollanta Humala respecto de otras candidaturas, entre ellas la del Fujimorismo, el candidato de la “O” ganó legítimamente las recientes elecciones generales. Su propuesta, radical desde el punto de vista democrático, conquistó los votos de la mayoría de los peruanos y, a su vez, lo comprometió a cumplir lo sostenido en su Plan de Gobierno pero bajo los parámetros de una Hoja de Ruta que procura lo siguiente:
a) Evitar que se produzca un descalabro económico mediante medidas de estatización y desconocimiento de los TLC;
b) el retorno a prácticas dictatoriales como las que caracterizaron al Gobierno de Fujimori y,
c) el respeto del Estado de Derecho a fin de alejar el temor de que se anule la Constitución vigente para dar lugar a una nueva, ajena a los principios democráticos.
En suma, el compromiso del Gobierno de Humala fue llevar a cabo las propuestas de inclusión social, pero sin provocar en el terreno político o económico situaciones que produzcan regresiones hacia un estatismo pernicioso o hacia una nueva dictadura. Las alianzas, acuerdos y promesas públicas sobre las que se avanzó en la conformación del primer Gabinete Ministerial y su discurso no dejan lugar a dudas sobre este acuerdo.
¿Está cumpliendo sus compromisos el Gobierno de Ollanta?
Transcurrido poco más de un mes del nuevo Gobierno con la presentación del Gabinete Ministerial en el Congreso y la aplicación de sus primeras medidas ¿podemos decir que está cumpliendo sus compromisos? Definitivamente es muy pronto para dar una respuesta categórica al respecto; no obstante, el éxito alcanzando en sus negociaciones con las empresas mineras para una mayor contribución económica, la aprobación de la ley del derecho de consulta previa a los pueblos indígenas y la postergación en la agenda política de cualquier reforma en el campo constitucional, me permiten señalar algunas tendencias del accionar político del gobierno en su fase inicial. Así:
Primero, es posible advertir un cambio positivo, rápido y concreto respecto de la forma incondicional con que los sucesivos gobiernos trataron o negociaron con el poder económico. Ello ha generado una expectativa favorable respecto de mayores cambios en el manejo de la política económica, casi invariable desde los tiempos de la dictadura en la década de los 90.
Segundo, no ha ocurrido lo mismo con la inclusión social, pues del compromiso por el “cumplimiento irrestricto del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales” como parte principal de este tema en el Plan de Gobierno del Presidente Ollanta Humala[1], lo avanzado hasta el momento con la aprobación, por el Congreso, de la Ley del Derecho de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas no responde a las expectativas generadas alrededor de los derechos histórica y culturalmente postergados de las comunidades andinas y nativas, núcleo central de los pueblos indígenas del país.
Tercero, no hay en camino nada que implique desconocer la Constitución vigente, no solo porque es innecesario para los programas de crecimiento económico con inclusión social, sino porque además, tanto en el tratamiento de una mayor contribución económica de las empresas mineras, como en la aprobación de la Ley del derecho de Consulta Previa se han seguido los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
Avances y expectativas en la gestión económica
Salvo la opinión de los sectores más conservadores del país, el Gobierno de Ollanta Humala ha empezado exitosamente su gestión en el campo económico logrando que el sector minero haga una mayor contribución al erario nacional superando ampliamente lo que en esta materia había negociado el Fujimorismo primero y el Apra después. Esto no ha desalentado ni generado una confrontación insalvable con la inversión privada, más bien, ha servido para generar una atmósfera de confianza que debe atraer mayores inversiones a pesar de las circunstancias adversas que económicamente se viven a nivel mundial.
Falta ahora, aprovechando el éxito de estas negociaciones y la mayor aceptación que ha logrado el Gobierno que se afinen las políticas distributivas que permitan variar las condiciones de pobreza y exclusión que impiden nuestro desarrollo siendo fundamental, no sólo modificar la orientación y el uso que se vienen dando a las rentas públicas producto de las actividades del sector minero, sino también poner el acento en la promoción de la agricultura y actividades conexas que eviten o superen la actual dependencia económica de esta actividad y que, a la vez, sirvan para cumplir con los objetivos de inclusión social que es el otro compromiso esencial del actual gobierno[2].
Este mismo contexto debiera ser aprovechado también para avanzar mediante alianzas o compromisos públicos y transparentes con el sector privado en la inversión que permita dar mayor valor agregado a la actividades extractivas -refinerías, por ejemplo- y a otras actividades que, como la agroindustria, son indiscutiblemente promisorias para el país.
La inclusión social y los pueblos indígenas
La aprobación por parte del Congreso de la República, el 23 de agosto último, de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y su segura promulgación por el Presidente de la República, si bien es cierto ha sido señalada como un paso importante para integrar a las comunidades andinas y nativas dentro de los proyectos que comprenden el desarrollo del país, no supone el reconocimiento pleno de los derechos y libertades fundamentales que, conforme al Convenio 169, les corresponden.
Al respecto, el Instituto de Defensa Legal señala que “…esta ley recoge gran parte del contenido de la autógrafa del 19 de mayo del 2010, la misma que expresa los estándares mínimos jurídicos establecidos en el Convenio 169 de la OIT,…”[3](El subrayado es mío). En otras palabras, se ha infravalorado la aplicación integral y sistemática del Convenio 169 tras una transacción política que vía la tradición reglamentarista de nuestro ordenamiento jurídico a lo único que puede conducir es a poner obstáculos a la aplicación plena de los derechos y libertades contenidas en el citado Convenio.
No es casual que mientras países como Colombia, Chile y Bolivia, entendiendo que los derechos humanos contenidos en el Convenio 169, entre ellos el derecho de consulta, son autoejecutables, no han requerido de una ley interpretativa que limite o desnaturalice sus alcances, en el Perú se promueva y apruebe una ley que producto de una transacción política y no de la aplicación justa del contenido de este instrumento jurídico[4]. No debe extrañar tampoco que a diferencia de lo que Convenio señala en el sentido de que los pueblos indígenas “deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.”, la ley del derecho de consulta previa solo mencione los “derechos colectivos”.
Esto no es un buen comienzo para un Gobierno cuyo plan establece como objeto principal de la política de inclusión la problemática histórico - cultural de los pueblos indígenas que, como bien se conoce, va mucho más allá de los programas tradicionales de lucha contra la pobreza[5] y que, independientemente de su efectividad en las estadísticas sobre mayor o menor pobreza para los próximos años – lo que puede ocurrir con la fuerza que se le va a dar al Ministerio de Inclusión Social-, no resuelve las dimensiones, políticas, sociales, económicas y culturales comprendidas en la exclusión que históricamente marca la existencia de los pueblos indígenas respecto del resto de ciudadanos que conforman el Perú contemporáneo.
Ojalá esto sea un error de un gobierno que recién comienza, pero el mismo nos debe poner en alerta para evitar que predomine la obsesión por el crecimiento económico y la mejora en las cifras de pobreza, tendencia que siendo dominante en las formas de gobierno desde la dictadura Fujimorista, pone en alto riesgo el cumplimiento de los compromisos de Ollanta Humala en materia de inclusión social, los derechos humanos como fundamento de la democracia y la promesa de impedir que los poderes fácticos reemplacen el poder surgido del voto mayoritario de los ciudadanos.
[1] Véase el capítulo o sección del Plan de Gobierno de Gana Perú “Políticas para la inclusión social de la población indígena”.
[2]Véase “Propuestas para una minería sostenible” en: http://quorum- sc.blogspot.com/2011/08/propuestas-para-una-mineria-sostenible.html
[3]Véase el pronunciamiento del IDL en: http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=203
[4] Como prueba de que la ley de consulta previa es fruto de una transacción política, no de la aplicación justa y correcta del Convenio, el proyecto aprobado establece en su segunda disposición final que esta no “modifica o deroga las medidas legislativas, ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia” pretendiendo legitimar los actos de gobierno que desde el año 1995 violaron u omitieron sistemáticamente la aplicación y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Por supuesto las bancadas del Fujimorismo y de los ex Presidentes Toledo y García estaban obligados a votar a favor. ¿es legítimo el consenso que limita derechos y libertades fundamentales?
[5] Véase sobre las diferencias entre pobreza y exclusión social el trabajo de Nestor Valdivia y otros “Exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el Perú: el caso de la población indígena y la población afrodescendiente”. En: http://www.grade.org.pe/download/pubs/InvPolitDesarr-14.pdf
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